El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso significativo al aprobar un dictamen que establece una ocupación máxima del 50% para las propiedades listadas en plataformas de alquiler temporal, como Airbnb y Booking.com. Esta iniciativa, impulsada por el actual jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, busca regular el mercado de arrendamientos vacacionales y equilibrar la competencia con la industria hotelera tradicional.

Con esta reforma, se limita la ocupación a un máximo de seis meses al año para las unidades de alojamiento que utilizan estas aplicaciones. Los cambios realizados afectan a la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. La diputada Olivia Garza de los Santos, del PAN, destacó que la intención no es solo proteger la vivienda o combatir la gentrificación, sino establecer un tope a los alojamientos de Airbnb en la ciudad, lo que podría perjudicar a quienes dependen de estos ingresos adicionales.
Apoyo de la Bancada de Morena
Varios diputados de Morena se manifestaron a favor de la propuesta de Batres. Cecilia Vadillo Obregón, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, Fernando Zárate Salgado, Xóchitl Bravo Espinosa y César Emilio Guijosa Hernández expresaron su apoyo, resaltando que la reforma busca asegurar rentas accesibles, especialmente en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, que han sido impactadas por la competencia desleal del alquiler temporal.
Bravo Espinosa también añadió que el gobierno debe enfocarse en crear más vivienda social destinada a jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. Por su parte, Guijosa Hernández señaló que el auge del turismo a través de plataformas digitales ha alterado el mercado de alojamiento, contribuyendo a la gentrificación y al aumento de los precios de la vivienda. “Esta legislación ofrece una solución integral al regular el turismo digital y establecer límites en la cantidad de noches que se pueden alquilar”, afirmó el legislador.
Además, la reforma prohíbe registrar y ofrecer viviendas sociales en plataformas como Airbnb, así como aquellas que hayan sido reconstruidas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Críticas al Dictamen
El dictamen fue aprobado con 49 votos a favor, seis en contra y nueve abstenciones. Sin embargo, algunos opositores expresaron su desacuerdo. El diputado Diego Orlando Garrido López, del PAN, argumentó que la reforma atenta contra la propiedad privada y la libertad individual, insistiendo en que el Estado no debería dictar cómo se deben utilizar los inmuebles.
Laura Alejandra Álvarez Soto, también del PAN, cuestionó la falta de mecanismos para verificar el cumplimiento de la norma y advirtió que la implementación de cupos podría dar lugar a un mercado negro donde se alquilen espacios sin reportes a las plataformas correspondientes.
Este nuevo marco regulatorio refleja una intención de encontrar un balance en el mercado de arrendamientos temporales, pero también ha generado un debate sobre la propiedad privada y la regulación estatal en el uso de bienes inmuebles.